El Consejo de Ministros aprobó el martes 6 de octubre el real decreto que regula el Banco Estatal de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura. La gestión corresponderá al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), bajo la adscripción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El sistema recibirá perfiles genéticos de víctimas y familiares, y también de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos.

La decisión desarrolla el artículo 23 de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que ya creó la base estatal y fijó su finalidad: comparar perfiles para contribuir a la identificación de víctimas. La referencia difundida por el Gobierno añade ahora detalles sobre la custodia de los datos y los laboratorios que podrán aportar perfiles. El texto íntegro todavía no se había publicado en el BOE consultado el miércoles 7 de octubre, por lo que no hay una fecha de entrada en vigor ni un procedimiento nuevo que las familias puedan seguir a partir de esa nota.

Qué anunció el Gobierno

La base está pensada para facilitar comparaciones genéticas que puedan ayudar a localizar e identificar a personas desaparecidas. Recibirá perfiles de víctimas de la Guerra y la Dictadura y de sus familiares, además de datos vinculados a personas afectadas por posibles sustracciones de recién nacidos. El Ministerio también prevé incorporar información de interés que ya exista en la base de datos ministerial dedicada a estos últimos casos.

El anuncio no describe una nueva prueba genética, una búsqueda automática de nombres ni una identificación garantizada. Explica la función de almacenamiento y comparación de perfiles. En cada caso, la posibilidad de obtener una coincidencia dependerá de que haya muestras útiles y comparables. La noticia, por tanto, trata de una herramienta para apoyar trabajos de identificación, no de una promesa de que todos los restos o todas las personas solicitantes vayan a encontrar correspondencia.

La Ley 20/2022 ya contemplaba la aportación voluntaria y gratuita de muestras biológicas por parte de familiares, previa acreditación de esa condición. También previó la colaboración del banco con el INTCF, los institutos de medicina legal, laboratorios designados por las comunidades autónomas y, cuando proceda, asociaciones de víctimas y fuerzas de seguridad.

La ley también permite que las personas afectadas por una posible sustracción de recién nacidos soliciten una toma de muestras cuando su denuncia haya sido admitida por hechos comprendidos en la norma. Para los familiares de víctimas de la Guerra y la Dictadura, el artículo 23 exige acreditar el vínculo familiar. La referencia ministerial no enumera la documentación que se pedirá para las nuevas incorporaciones.

La nota del Consejo de Ministros vuelve a subrayar que la recogida de muestras de las personas interesadas será voluntaria y gratuita. Esa garantía se refiere a la toma de muestras dentro del sistema anunciado; por sí sola no demuestra que cualquier análisis privado que alguien encargue fuera de él vaya a ser gratuito.

Cómo se separarán los perfiles y la identidad

Según el resumen ministerial, los perfiles genéticos se guardarán mediante un código alfanumérico disociado de los datos identificativos. La información personal básica —identificación y contacto— permanecerá en los laboratorios participantes. La administración sostiene que el banco tratará solo los datos necesarios para localizar e identificar a las víctimas.

La palabra «disociado» no significa que desaparezca todo vínculo posible entre perfil y persona: el propio anuncio indica que los datos de contacto seguirán existiendo en los laboratorios. La separación pretende limitar quién maneja cada clase de información y reducir su exposición. La referencia pública no detalla todavía, entre otros extremos, cuánto tiempo se conservarán los perfiles, cómo se ejercerán los derechos de las personas afectadas o qué protocolo concreto se aplicará ante una coincidencia. Esos elementos deben comprobarse en el articulado publicado y en las instrucciones que se aprueben para ponerlo en práctica.

La gestión central recaerá en el INTCF, pero el esquema anunciado no se limita a un único laboratorio estatal. Podrán aportar perfiles los laboratorios designados por las comunidades autónomas; los públicos o privados que ya dispongan de perfiles obtenidos para los fines previstos en la norma; el propio Instituto Nacional de Toxicología; y los laboratorios de ADN de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La noticia oficial no ofrece una lista cerrada de centros ni indica qué laboratorios participarán desde el primer día.

La publicación aclarará cuándo empieza a aplicarse

El Gobierno anunció la aprobación del real decreto el 6 de octubre. En la consulta del índice del BOE correspondiente al miércoles 7 no aparecía aún una disposición con el nombre del banco. La referencia de Moncloa resume el acuerdo, pero no reproduce el texto articulado ni su disposición final. Por eso, a fecha de esta información, no es posible fijar desde esa referencia una fecha concreta de entrada en vigor o afirmar que ya se haya abierto un nuevo trámite general de inscripción.

La diferencia importa para las familias: aprobación en Consejo de Ministros y publicación oficial son pasos distintos. Hasta conocer el texto completo, conviene no atribuir al decreto condiciones que la nota no explica, ni dar por disponible un formulario, una oficina o un calendario que no se han anunciado. El resumen sí permite conocer el marco previsto —gestión del INTCF, perfiles codificados, participación de laboratorios y toma voluntaria y gratuita—, pero deja abiertas las instrucciones prácticas.

En los casos de personas afectadas por una posible sustracción de recién nacidos, la página informativa que mantiene actualmente el Ministerio de Justicia describe un procedimiento ya existente para registrar perfiles en la base gestionada por el INTCF: solicita el informe del laboratorio y el consentimiento informado firmado. También explica que, si la persona aún no tiene perfil, puede encargar un análisis a un laboratorio acreditado, con el coste que este aplique. Esa orientación se refiere a ese fichero y colectivo concretos; no debe trasladarse sin más a las familias que buscan a víctimas de la Guerra y la Dictadura. La nueva norma deberá aclarar cómo se articula la gratuidad anunciada con cada vía de toma, análisis y aportación de muestras.

Un perfil es una herramienta, no el resultado final

La cobertura de Cadena SER sobre el proceso de identificación en el Valle de Cuelgamuros ofrece una referencia práctica de la labor que hay detrás de una comparación genética. En enero de 2026, la emisora informó de un contrato que contemplaba extraer ADN de 300 muestras esqueléticas, registrar perfiles en el banco, interpretar resultados y elaborar informes de identificación. En esa misma información, el forense Paco Etxeberría advertía de la dificultad de obtener ADN de restos antiguos y deteriorados.

Ese trabajo no equivale al decreto aprobado ahora ni permite anticipar cuántas identificaciones conseguirá el banco estatal. Sí ayuda a entender por qué contar con una base común es solo una parte del proceso: hacen falta restos conservados, análisis técnicamente viables, perfiles de familiares adecuados y laboratorios con garantías de calidad. Un resultado compatible debe evaluarse dentro de los procedimientos forenses correspondientes; el almacenamiento de un perfil no constituye por sí mismo una identificación.

La siguiente comprobación será el texto que publique el BOE. Permitirá conocer las reglas completas de organización, los requisitos de incorporación y la fecha en que comenzará a aplicarse el real decreto. Hasta entonces, la información confirmada es la aprobación anunciada por el Ejecutivo y el esquema general que ha comunicado, junto con las garantías que ya figuraban en la Ley de Memoria Democrática.