A cinco semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez defiende que el PSOE puede obtener una mayoría progresista más amplia, aunque la entrevista publicada el domingo 25 de octubre deja una pregunta abierta: qué datos sostienen su pronóstico y qué medidas concretas pueden responder al malestar que él mismo identifica, sobre todo por el acceso a la vivienda. La distancia entre la confianza del candidato y las encuestas que se citan en la conversación resume una campaña que empieza con diagnósticos enfrentados.

La predicción de Sánchez depende de una movilización futura

En la entrevista con EL PAÍS, Sánchez sostiene que el 29-N habrá una mayoría parlamentaria progresista más amplia. El presidente atribuye ese resultado a la movilización de los votantes que, según prevé, querrán que España continúe avanzando. La respuesta es una apuesta política, no una estimación propia de escaños: no presenta un cálculo de representación ni identifica un sondeo concreto que respalde su previsión.

La pregunta de los periodistas menciona encuestas que darían hasta 15 puntos de ventaja a la derecha. La formulación no especifica cuáles son. Ese matiz importa al comparar el pronóstico con otros datos publicados durante octubre. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas difundido el día 14 situó al PSOE en el 34% y al PP en el 22,2%. La diferencia entre ambos porcentajes es de 11,8 puntos, pero el CIS no ofreció una estimación de escaños. Su trabajo de campo se hizo del 1 al 6 de octubre, cuando se anunció el adelanto electoral.

Las cifras pertenecen a ejercicios distintos. La referencia a una ventaja de hasta 15 puntos aparece en una pregunta sobre encuestas no identificadas, mientras que el barómetro del CIS atribuye al PSOE una ventaja de 11,8 puntos sobre el PP en voto estimado. No se pueden sumar ni promediar como si midieran la misma muestra, fecha o variable. La lectura útil para el elector es más limitada: a mediados de octubre había sondeos con resultados diferentes y Sánchez defendía un escenario mejor para su bloque que el que sugería la pregunta de la entrevista.

El calendario ya está fijado. El real decreto de convocatoria sitúa las elecciones el domingo 29 de noviembre y establece una campaña de quince días, del 13 al 27 de noviembre. Hasta entonces, las declaraciones de los líderes serán también intentos de movilizar a quienes aún no han decidido su voto. La afirmación de Sánchez podrá contrastarse con los resultados, pero hoy no equivale a un dato electoral confirmado.

La vivienda pone a prueba la promesa de ampliar la mayoría

Sánchez reconoce que el acceso a la vivienda es una de las principales fuentes de malestar social. En la entrevista vincula la convocatoria de elecciones con la necesidad de conseguir una mayoría parlamentaria más amplia para avanzar en esa materia. Su argumento conecta la decisión electoral con una demanda cotidiana, pero el efecto dependerá de qué medidas sigan vigentes y del respaldo que obtengan en el Congreso.

El calendario legislativo ayuda a concretar qué cambios tiene en mente el presidente. El Consejo de Ministros aprobó dos nuevos reales decretos-ley el 6 de octubre y ambos se publicaron en el BOE el día 7. Como las Cortes estaban disueltas, quedaron pendientes de convalidación por la Diputación Permanente.

Uno de los nuevos decretos, en vigor desde el 8 de octubre, incluye medidas sobre vivienda asequible y protección frente a prácticas especulativas, entre otras disposiciones. El segundo, si se convalida, entraría en vigor el 15 de noviembre y se centra en la estabilidad de los contratos de alquiler habitual. Por eso, hablar de un nuevo impulso a la vivienda no basta para saber qué recibirán los hogares: también cuentan la aprobación parlamentaria, el calendario de entrada en vigor y la aplicación de cada medida.

La entrevista no detalla cómo el futuro grupo parlamentario del PSOE buscaría los apoyos para sacar adelante su agenda. Tampoco convierte la convocatoria en una garantía de que las medidas resolverán la subida de los precios o la falta de oferta. La cuestión política que deja planteada es si la mayoría que pide Sánchez sería capaz de sostener una política estable en un asunto donde las decisiones estatales, autonómicas y municipales se solapan.

Ceuta exige separar la declaración política de lo acreditado

La entrevista aborda también la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio. Sánchez afirma que ningún servicio de inteligencia ni de seguridad anticipó la magnitud de lo que iba a ocurrir los días 30 y 31, y cifra en 141 las personas fallecidas. Esa cifra corresponde a lo que el presidente declaró en la entrevista, no a un recuento oficial único.

La información publicada por RTVE el 9 de octubre distinguía 88 fallecimientos confirmados por las autoridades de estimaciones de hasta 141 difundidas por varias organizaciones. Presentar ambas referencias como si fueran el mismo registro borraría una diferencia relevante de atribución. El número más alto aparece tanto en declaraciones políticas como en estimaciones de entidades, pero el artículo debe indicar de quién procede cada cifra.

También seguía abierta una pregunta sobre la posible presencia de embarcaciones marroquíes. El 21 de octubre, la jueza que investiga la entrada masiva pidió al Ministerio de Defensa información sobre el tránsito de buques de Marruecos por aguas territoriales. La petición judicial no demuestra que esas embarcaciones participaran en los hechos. La investigación trataba de reunir datos y, según la información publicada entonces, no había una prueba objetiva que conectara esos buques con el cruce.

Sánchez rechaza que Marruecos interviniera para provocar la crisis y defiende la cooperación entre ambos países. La entrevista presenta su posición, pero el interrogante sobre la actuación de las autoridades no se resuelve con esa respuesta. Separar lo declarado, lo confirmado por los registros y lo que sigue bajo investigación permite entender mejor una crisis que se ha convertido en asunto de campaña.

El reconocimiento sobre Ábalos no concreta una respuesta institucional

Al preguntarle por su mayor error en ocho años de Gobierno, Sánchez señala la corrupción de José Luis Ábalos. En la entrevista reconoce dos fallos: no haberla visto y que llegara a producirse. Es una admisión política relevante porque vincula al presidente con la responsabilidad de supervisar a una figura de su equipo, pero no incluye una explicación detallada de los controles que fallaron ni de los cambios que evitarían que ocurriera otra vez.

Ese límite también ayuda a medir el valor de la entrevista. Sánchez ofrece una defensa de su gestión y expone por qué considera que merece otro mandato, pero las respuestas no sustituyen a la evaluación de sus políticas ni a la información que aporten las investigaciones y los procedimientos parlamentarios. En vivienda, el calendario de los decretos ofrece un punto concreto de seguimiento. En Ceuta, los datos y la investigación mantienen preguntas abiertas. En materia de corrupción, la admisión fija una responsabilidad política que los votantes pueden valorar junto con la respuesta institucional.

El 29 de noviembre decidirá la composición del nuevo Congreso. Mientras tanto, la afirmación de Sánchez sobre una mayoría progresista más amplia seguirá siendo una previsión personal. Su credibilidad se juega en la distancia entre ese pronóstico, los sondeos disponibles y la capacidad de explicar qué cambiaría en los asuntos que el propio presidente coloca en el centro de la campaña.