Adif y Adif Alta Velocidad aprobaron el 4 de noviembre convenios con la Administración General del Estado para financiar la sostenibilidad económica de sus redes entre 2026 y 2030. El 8 de noviembre, las dos entidades respondieron a informaciones que describían el acuerdo como un blindaje de un bonus para la dirección. Los documentos disponibles permiten confirmar la continuidad de incentivos ligados a objetivos, pero no acreditan por sí solos una gratificación extraordinaria nueva. También sitúan las 5.216 personas citadas por Adif dentro de una plantilla conjunta de casi 14.000 empleados.

La aprobación y la acusación son dos afirmaciones distintas

La información difundida el 7 de noviembre y atribuida por laSexta a El Mundo sostuvo que el entonces presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, había firmado un convenio con incentivos para los directivos el mismo día que presentó su dimisión. La cobertura mencionó objetivos de inversión y explicó que el Ministerio de Transportes estaba recabando información para comprobar lo publicado. La discusión pública tomó esa descripción como la aprobación de un bonus nuevo para la cúpula.

En su comunicado del 8 de noviembre, Adif y Adif Alta Velocidad dieron otra explicación. Afirmaron que sus consejos aprobaron los convenios de financiación para el periodo de 2026 a 2030 tras meses de tramitación administrativa, que las reuniones se convocaron el 30 de octubre y que el único punto del orden del día era aprobar esos textos. La aprobación coincidió con la dimisión del presidente, pero esa coincidencia establece una secuencia de fechas, no la causa de la decisión ni el destino de un pago concreto.

Hay un dato que impide reducir el asunto a una simple negativa. La información publicada el 7 de noviembre reprodujo una cláusula del convenio de ADIF Alta Velocidad que prevé dar continuidad al plan de incentivos a la dirección que figuraba en el periodo de 2021 a 2025. La cláusula vincula la retribución variable a objetivos de resultado de explotación, inversión, deuda y prestación del servicio. Eso respalda que el convenio mantiene un mecanismo de incentivos para la dirección. Por sí solo, no demuestra que se aprobara una prima extraordinaria ni que se fijara un pago inmediato.

Para qué sirven los convenios de financiación

El artículo 25 de la Ley del Sector Ferroviario permite que el Estado aporte fondos a los administradores de infraestructuras para sostener funciones como la construcción, el mantenimiento, la conservación, la reposición y la mejora de la red. Prevé convenios de al menos cinco años que señalan objetivos, fines y aportaciones estatales, y que deben asegurar la sostenibilidad económica de las infraestructuras. La ley también prevé que el convenio se publique en el Boletín Oficial del Estado en el plazo de un mes desde su suscripción.

Por eso, los acuerdos aprobados por Adif y Adif Alta Velocidad son instrumentos de financiación y planificación de sus redes. No son, por su objeto legal, convenios colectivos laborales. Según la nota de Adif, incluyen una inversión global aproximada de 19.000 millones de euros, destinada principalmente a reforzar la conservación y el mantenimiento. Esa cifra corresponde al marco de inversión comunicado para ambas entidades durante cinco años, no al importe de los incentivos ni a un fondo de pagos para sus directivos.

La ley regula las aportaciones y los compromisos de los administradores, pero no fija por sí misma qué empleados cobran retribución variable, cuánto perciben o cómo se calcula cada complemento. Esas condiciones deben buscarse en los convenios concretos y en la información sobre su aplicación. El comunicado de Adif ofrece parte de ese contexto, aunque no publica un desglose individual ni explica el cálculo de las cantidades pagadas.

El antecedente de 2021 y el alcance de las 5.216 personas

Los convenios de financiación de ADIF y ADIF Alta Velocidad para 2021 a 2025, publicados en el BOE el 4 de agosto de 2021, ya incluían una cláusula quinta dedicada a un plan de incentivos a la dirección. Los dos textos describían la sustitución del plan de retribución variable anterior y relacionaban la retribución con objetivos de la empresa. En el caso de ADIF se citaban el déficit, la inversión, la evolución de la deuda y los objetivos de servicio. Para ADIF Alta Velocidad se mencionaban el resultado de explotación, la inversión, la deuda y el servicio. Ambos establecían que el plan no debía elevar el gasto frente al anterior fuera de lo permitido por las reglas presupuestarias y retributivas.

Ese antecedente confirma que existía un plan de incentivos a la dirección en 2021 y ayuda a entender la cláusula de continuidad atribuida al convenio de ADIF Alta Velocidad para el periodo de 2026 a 2030. No prueba, sin embargo, la fecha exacta de inicio que Adif sitúa en 2012. Los documentos de 2021 permiten sostener que el sistema es anterior a la aprobación de noviembre de 2026, pero no reconstruyen por sí solos toda su evolución desde 2012.

Adif afirma que unas 5.216 personas de las dos entidades reciben retribución variable, frente a una plantilla conjunta de casi 14.000 empleados públicos. La empresa enumera entre los grupos afectados a la alta dirección, las estructuras de dirección y apoyo, los mandos intermedios y determinados cuadros. Las 5.216 personas no son la cúpula directiva ni representan a toda la plantilla. La cifra agrupa a personal de Adif y de Adif Alta Velocidad, y el comunicado no separa cuántas personas corresponden a cada empresa o categoría. Debe presentarse como una cifra comunicada por la compañía, no como un recuento auditado de forma independiente.

Qué permiten afirmar los datos disponibles

La evidencia disponible permite afirmar que los consejos aprobaron los convenios del periodo de 2026 a 2030 el 4 de noviembre, que los convenios financian y ordenan compromisos sobre las infraestructuras, y que los convenios anteriores ya recogían incentivos para la dirección. La información sobre el texto de ADIF Alta Velocidad añade que el plan de dirección continuará en el nuevo periodo. También consta que la empresa atribuye retribución variable a unos 5.216 empleados de una plantilla de casi 14.000.

Lo que no queda demostrado con esa información es el pago de una gratificación extraordinaria nueva, su cuantía, qué directivos la habrían cobrado o si la dimisión del presidente tuvo relación causal con la aprobación. Adif califica de falsa la existencia de un bonus nuevo para la cúpula. Esa es la posición de la empresa, no una conclusión independiente sobre todos los importes y criterios. La diferencia relevante está entre mantener un plan de retribución variable sujeto a objetivos y acreditar una prima extraordinaria concedida ahora. Para resolver lo que sigue abierto habrá que conocer el texto íntegro de los convenios del periodo de 2026 a 2030 y cómo se aplicó el componente variable por empresa, grupo profesional y ejercicio.