El 11 de noviembre, la Fiscalía General del Estado encargó a una fiscal especializada examinar posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Ese mismo día, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció que solicitaría a la plataforma información sobre la retirada de contenidos y pediría enlaces concretos antes de decidir sobre un posible bloqueo de acceso. Son dos actuaciones distintas, cada una dentro de un ámbito diferente y todavía en fase de análisis.

La separación importa porque el Ministerio de Juventud e Infancia había pedido a la AEPD la suspensión cautelar de TikTok en España. Esa petición no equivale a una medida adoptada por la Agencia. En su comunicación, la AEPD describió un procedimiento dirigido a contenidos y enlaces determinados. La Fiscalía, por su parte, habla de posibles delitos y de pruebas que debe valorar. Ninguna de esas actuaciones constituye una resolución judicial sobre los hechos.

Qué ha encomendado la Fiscalía

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, firmó el 11 de noviembre un decreto para designar a Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, como responsable de investigar los posibles delitos que pudieran haberse cometido en TikTok. El comunicado de la Fiscalía cita la elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil y la corrupción de menores entre los hechos que deben examinarse.

El origen de esa actuación es una denuncia presentada por la Fundación Maldita.es ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía. La nota oficial explica que representantes de la entidad comparecieron el mismo día ante la fiscal encargada para ratificar la denuncia y aportar material probatorio. La Fiscalía indicó que ese material sería analizado y valorado.

El decreto asigna una investigación a una fiscal especializada. No declara que los hechos denunciados estén probados, no identifica personas responsables y no comunica una condena. Tampoco adelanta qué diligencias se practicarán ni cuándo habrá una conclusión. En esta fase, la información pública permite afirmar quién analizará la denuncia y cuál es su objeto general. Los resultados de la valoración siguen pendientes.

Qué puede hacer la AEPD con enlaces concretos

La AEPD anunció actuaciones en el ámbito de la protección de datos después de conocer la investigación periodística y recibir una comunicación formal del Ministerio. Su primer paso es pedir a Maldita.es la relación de enlaces en los que, según la investigación, podría existir un tratamiento ilícito de datos de menores. También ha requerido a TikTok información concreta sobre las medidas que está aplicando para retirar los contenidos denunciados.

La Agencia comunicó que, una vez analizada la información, ordenará bloquear el acceso a los enlaces y contenidos concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos personales de menores. Describió la medida como específica y proporcionada, con respeto a las libertades de expresión e información. Por tanto, el anuncio se refiere a la revisión de URLs identificadas y a una posible orden posterior, no a un bloqueo general que ya esté en vigor.

El Ministerio había solicitado una suspensión cautelar de la actividad de TikTok en España el 10 de noviembre. La solicitud y la decisión de la autoridad de protección de datos son actos distintos. El comunicado de la AEPD del día siguiente no adopta la suspensión general pedida por el Ministerio. Expone la petición de enlaces y datos a la plataforma, y la posibilidad de actuar sobre contenidos determinados después de estudiarlos. Una actualización independiente publicada el 12 de noviembre seguía describiendo esa vía específica.

La Agencia también distingue su función de la investigación penal. Según explicó, la investigación de posibles delitos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales. La intervención de la AEPD se centra en el tratamiento de datos personales. Esa diferencia explica por qué la Fiscalía analiza una denuncia penal y la Agencia estudia enlaces y actuaciones de retirada. Una decisión en una vía no resuelve por sí sola la otra.

Qué documentó Maldita.es y cómo interpretar las cifras

La investigación de Maldita.es se publicó el 9 de noviembre tras 35 días de recopilación y análisis en la plataforma. La entidad informó de 1.183 vídeos de abuso sexual infantil explícito y de 48 millones de visualizaciones acumuladas. Son cifras que atribuye a su propio trabajo periodístico. No corresponden a un recuento judicial ni prueban, por sí solas, la responsabilidad penal de una persona o de la empresa.

El 12 de noviembre, Maldita.es publicó una explicación adicional de su metodología y cifró en 26.271 los perfiles que clasificó como potenciales implicados por el comportamiento observado. El desglose presenta 267 perfiles detectados manualmente por compartir material explícito, otros 1.089 vinculados a imágenes implícitas y enlaces a canales de venta, y 455 cuentas que usan términos relacionados sin mostrar un canal visible. Esos tres grupos suman 1.811. La investigación explica que la cifra total crece al extraer y clasificar comentarios de miles de publicaciones y de directos. No equivale a 26.271 personas identificadas por las autoridades ni a una lista de investigados formalmente.

La investigación describe los métodos de búsqueda y clasificación empleados y los resultados que el equipo obtuvo en distintos momentos. La Fiscalía ha recibido material y la AEPD solicita enlaces para su propia evaluación. Esos pasos no validan automáticamente cada cifra ni todos los elementos del informe. Las cifras sirven para entender qué motivó las respuestas oficiales, mientras que la valoración probatoria sigue en manos de las autoridades competentes.

Qué falta por aclarar

Por ahora se conocen tres pasos: la Fiscalía ha encargado examinar la denuncia, la AEPD ha iniciado actuaciones dentro de sus competencias y el Ministerio ha pedido una suspensión cautelar de alcance general. Cada anuncio tiene un responsable y un estado distinto. El comunicado del Ministerio no es una orden ejecutada, y la investigación fiscal no confirma todavía los delitos denunciados.

Los próximos datos relevantes serán la valoración del material por la Fiscalía, la información que aporte TikTok y la decisión de la AEPD sobre las URLs que se identifiquen. Hasta que se publiquen esas decisiones, conviene describir la situación con los términos empleados por las instituciones: presuntos hechos bajo análisis y una posible actuación sobre enlaces concretos. La evidencia periodística ha motivado respuestas oficiales, pero sus conclusiones aún no se conocen.