El Real Decreto-ley 34/2026, de 10 de noviembre, está en vigor desde el 11 de noviembre, día en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. En la edición del 12 de noviembre ya se aplican sus cambios sobre comunicación de riesgos y protección del personal ferroviario, además de la extensión de un régimen de coeficientes reductores de jubilación. El calendario tiene una excepción importante: todo lo dispuesto en el artículo 1 queda aplazado seis meses. Ahí se encuentran la nueva definición de tiempo de conducción y el refuerzo de las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

La diferencia entre las fechas determina qué puede exigirse desde ahora. El artículo 2 modifica la Ley del Sector Ferroviario y la disposición adicional única regula el régimen de jubilación. Ambas partes entraron en vigor con la publicación. El artículo 1, en cambio, modifica el Real Decreto 929/2020 y no se aplicará hasta que transcurran seis meses desde el 11 de noviembre. El cómputo de fecha a fecha sitúa la entrada en vigor de estos cambios el 11 de mayo de 2027.

La protección por comunicar riesgos ya se aplica

El artículo 2 incorpora a la Ley 38/2015 un marco de cultura justa para la seguridad operacional. El personal que desempeñe funciones relacionadas con la seguridad ferroviaria puede comunicar hechos, acciones u omisiones que puedan generar un riesgo mediante los canales de su empresa. También puede acudir a un sistema público de notificación, si se establece, sin tener que usar primero el canal interno. Los sistemas deben proteger la identidad de quien informa y la información obtenida queda sometida a reserva y confidencialidad.

La norma prohíbe que la empresa sancione o trate desfavorablemente a quien informe de un riesgo o adopte medidas para proteger la operación dentro de sus funciones. Si existe un riesgo grave e inminente para pasajeros, terceros o el propio personal, la persona trabajadora puede tomar medidas necesarias y proporcionadas, incluida la interrupción de la marcha o la decisión de no iniciarla. Debe hacerlo conforme a las reglas de circulación y comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes, salvo que la urgencia exija actuar antes.

La protección no equivale a inmunidad automática ante cualquier infracción. Si se abre un procedimiento sancionador por hechos notificados, el órgano competente puede eximir de la sanción de forma motivada cuando la comunicación se haya presentado antes de que se notifique la apertura del procedimiento, la persona haya cesado en la conducta infractora y haya cooperado de forma plena y diligente con información veraz y relevante. La ley excluye de esa protección las acciones u omisiones dolosas y la negligencia grave que haya causado daños previsibles o comprometido gravemente la seguridad. Esa exclusión debe acreditarse y justificarse, y no puede deducirse solo de la gravedad del resultado.

Cuando no se reúnan las condiciones para quedar exento, la nueva letra g) del artículo 110 permite tener en cuenta, al graduar una sanción, que la persona haya facilitado información sobre un riesgo durante la instrucción del expediente. La norma introduce así una vía para que los avisos útiles se valoren aunque no den lugar a una exención completa.

La jubilación se extiende a categorías concretas

La disposición adicional aplica el régimen del artículo 3 del Real Decreto 2621/1986 a las personas empleadas por compañías ferroviarias que operen en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías profesionales recogidas en ese artículo. El alcance depende de la categoría, por lo que la entrada en vigor no concede por sí sola coeficientes reductores a todo el personal ferroviario ni permite afirmar que cualquier trabajador pueda jubilarse antes.

Para otras profesiones expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, la norma encarga al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones iniciar un procedimiento de reconocimiento. Las organizaciones sindicales con representación en el sector tendrán que identificar las categorías y solicitar su inclusión ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. La Dirección General podrá actualizar las categorías mediante resolución, después de recabar informes de Transportes y de la Inspección de Trabajo. Ese trámite abre una revisión posterior, pero no incorpora automáticamente todos los puestos que aún no figuran en el artículo 3.

El cómputo de conducción y las inspecciones esperan seis meses

La nueva redacción del artículo 36 del Real Decreto 929/2020 fija qué periodos cuentan como conducción a efectos de los límites continuados y diarios. Cuenta el tiempo en que el maquinista es responsable de conducir el vehículo, las maniobras con el tren en movimiento y las interrupciones en las que mantiene la responsabilidad sobre la circulación. También suma íntegramente cada intervalo inferior a 45 minutos entre actividades de conducción del mismo maquinista, aunque haya sido relevado, no tenga que vigilar la circulación, no realice ninguna tarea o se le asignen otras funciones.

Las interrupciones de 45 minutos o más también se computan en determinados trabajos de prueba, ensayo, auscultación o verificación, si el personal debe seguir disponible para actuar de inmediato y no ha sido relevado de esas funciones. La reforma añade el cómputo de periodos trabajados en otras redes y establece que, en los supuestos excepcionales de conducción por parejas, el tiempo cuenta para ambos maquinistas. Las tareas ordinarias de puesta en servicio, retirada del servicio y preparación técnica o administrativa quedan fuera, excepto cuando se realicen dentro de uno de los periodos que la norma manda computar.

Nada de este nuevo método empieza a aplicarse el 12 de noviembre. El plazo de seis meses también alcanza al cambio del artículo 146 que obliga a facilitar a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria el acceso a instalaciones y equipos durante una supervisión. Las empresas deberán permitir, cuando sea necesario para inspeccionar a otra entidad, el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos. El tiempo de adaptación previsto por el decreto permite a las compañías y a los administradores de infraestructura revisar gráficos y organización del trabajo antes de aplicar las nuevas reglas.

El RDL 32/2026 y los servicios mínimos de Renfe

El número y la fecha ayudan a distinguir normas aprobadas en el mismo contexto ferroviario. El Real Decreto-ley 32/2026, publicado el 4 de noviembre, articula ayudas a las víctimas del accidente de Urda y medidas para la accesibilidad a bienes y servicios en situaciones de emergencia. El Real Decreto-ley 34/2026 regula cambios de seguridad operacional, protección de quienes comunican riesgos y determinadas condiciones de jubilación del personal ferroviario.

También son instrumentos distintos los servicios mínimos que el Ministerio estableció para Renfe durante la huelga general del 11 de noviembre. Esa resolución organizaba los servicios de una jornada concreta. El decreto 34/2026 no fija frecuencias para una huelga ni sustituye esos mínimos.

Al 12 de noviembre ya está vigente la protección legal para informar de riesgos y el régimen de jubilación para las categorías incluidas en la norma. El nuevo cómputo de conducción y las facultades adicionales de supervisión se aplicarán cuando transcurran seis meses desde la publicación.