La Asociación Española Contra el Cáncer y más de 50 entidades del ámbito oncológico, sociosanitario y de la prevención hicieron público el 10 de noviembre el Manifiesto de todos contra el cáncer. El documento pide a los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre que incorporen cinco prioridades a sus programas: prevenir y detectar antes, mejorar la atención, reducir el impacto laboral y social, dar estabilidad a la investigación y aprovechar mejor los datos oncológicos.

Las medidas son propuestas de las organizaciones firmantes. La presentación del manifiesto no las convierte en normas vigentes ni acredita que una candidatura las haya asumido. El calendario electoral sitúa el debate en las próximas semanas: el Real Decreto 806/2026 fija la campaña del 13 al 27 de noviembre y la votación para el domingo 29.

Prevención y detección con medidas que puedan evaluarse

En prevención, el manifiesto reclama actualizar la regulación del tabaco y sus derivados, y acercar a ese marco los productos relacionados y los dispositivos que suministran nicotina. Entre las medidas que enumera figuran limitar las dosis máximas de nicotina, ampliar los espacios libres de humo y aerosoles, prohibir los cigarrillos electrónicos desechables, aumentar la fiscalidad e incorporar el empaquetado neutro. Son cambios legislativos y fiscales que las entidades dirigen a los partidos para su consideración en la próxima legislatura.

La propuesta también pone el foco en niñas, niños y adolescentes, a quienes busca proteger de la exposición a productos de tabaco y nicotina. Junto con la concienciación, plantea modificar reglas y condiciones de acceso a esos productos, con medidas que tendrían que tramitarse por las instituciones competentes.

Para la detección precoz, el texto propone crear un sistema de información interoperable sobre los programas de cribado. La idea es que las administraciones puedan trabajar con datos homogéneos y de calidad y evaluar cómo funcionan esos programas. El objetivo es disponer de información compatible para evaluarlos con criterios comunes y orientar mejoras.

Atención integral y seguimiento después del tratamiento

En la atención, las entidades piden actualizar la regulación para incorporar indicadores comunes a lo largo del proceso oncológico. Junto con esos indicadores proponen garantías progresivas y medidas correctoras ante las demoras. La petición apunta a que los tiempos y la continuidad asistencial puedan observarse con criterios comparables y a que las garantías tengan mecanismos de respuesta cuando no se cumplan.

El manifiesto incluye a las personas supervivientes como una fase propia del proceso oncológico. Plantea un marco común de atención y planes personalizados que contemplen seguimiento clínico, posibles secuelas y necesidades sanitarias, psicológicas, sociales y laborales. También propone mejorar la coordinación entre los recursos que atienden cada necesidad y proteger los derechos de quienes han superado un cáncer.

El impacto en el empleo también forma parte de la petición

El tercer eje aborda los efectos sociales y laborales de la enfermedad. El manifiesto describe limitaciones para continuar con la actividad profesional y consecuencias como la pérdida del empleo o el abandono de la actividad. Para responder a esa situación propone una modalidad especial de incapacidad temporal adaptada a la duración y características de los procesos oncológicos.

La protección económica que reclaman debería alcanzar también a personas desempleadas, trabajadoras autónomas y quienes no cumplan los periodos ordinarios de cotización. Las entidades piden además reconocer el derecho a adaptar la vuelta al trabajo. La propuesta reúne así tres elementos: una baja ajustada a los procesos oncológicos, una protección que llegue a más situaciones laborales y una reincorporación con adaptaciones.

Financiación plurianual y un registro estatal de cáncer

Para sostener la investigación, el manifiesto reclama una estrategia nacional de cáncer articulada mediante un Plan Nacional con financiación plurianual. Según la propuesta, la continuidad de los recursos daría estabilidad a proyectos, equipos y carreras investigadoras, además de facilitar la atracción y retención de talento. También pide impulsar investigación básica, clínica y traslacional, así como los ensayos académicos.

El documento propone reforzar la investigación independiente en tumores de baja supervivencia, raros y pediátricos y garantizar el acceso a la innovación con independencia del lugar de residencia. Para valorar las diferencias entre territorios, plantea publicar indicadores comparables sobre disponibilidad, tiempos y acceso efectivo. Estas peticiones combinan financiación, investigación y acceso asistencial.

En el apartado de datos, las entidades reclaman consolidar un Registro Estatal de Cáncer con información actualizada y comparable sobre incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia. También proponen integrar información clínica para mejorar la continuidad de la atención, facilitar el acceso seguro de pacientes y profesionales autorizados, y reforzar la investigación y la evaluación de las políticas públicas.

Los indicadores incluidos responden a preguntas distintas. La incidencia cuenta nuevos diagnósticos, la mortalidad registra los fallecimientos, la prevalencia aproxima cuántas personas viven con cáncer y la supervivencia permite observar cuántas siguen con vida tras un plazo definido. La propuesta es reunirlos con criterios comparables para que puedan orientar la investigación y la planificación sanitaria. La integración clínica añade una dimensión asistencial: permite que la información útil para el seguimiento acompañe mejor a la persona y sea accesible de forma segura para quienes la atienden.

Qué puede comprobarse antes de las elecciones

Las cinco prioridades forman una agenda dirigida a los partidos que concurren al 29N. Su desarrollo depende de decisiones posteriores: cambios normativos en prevención y protección laboral, criterios para la atención, financiación de investigación y reglas de acceso a datos. Presentar una demanda no supone que esos pasos estén aprobados ni que una candidatura haya asumido un compromiso electoral concreto.

Para el elector, el contenido ofrece preguntas concretas para comparar los programas:

  • En prevención y detección, qué reglas se cambiarían y cómo se protegería a menores frente a la nicotina, además de qué información común se usaría para evaluar los programas de cribado.
  • En atención, qué indicadores mostrarían las demoras y la continuidad durante el proceso oncológico.
  • En empleo, a quién alcanzaría la incapacidad temporal propuesta y cómo se adaptaría la vuelta al trabajo.
  • En investigación, qué plan y financiación plurianual sostendrían los proyectos y los equipos.
  • En datos, qué garantías regirían el acceso seguro y el uso comparable del registro.

Las respuestas ayudarán a distinguir una prioridad general de un compromiso que identifica instrumentos, responsables y seguimiento. Esa precisión permitirá revisar más adelante si los cambios anunciados llegan a las consultas y a las personas afectadas.