El 3 de noviembre, las ministras, ministros y altas autoridades de Transformación Digital e Inteligencia Artificial reunidos en Madrid acordaron crear la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial como marco de cooperación regional. La Declaración de Madrid plantea elevarla a la XXX Cumbre Iberoamericana, convocada en Madrid para los días 4 y 5 de noviembre de 2026. Después, la adhesión de cada país sería voluntaria. El acuerdo ministerial define una propuesta de cooperación, pero no incorpora automáticamente a todos los países ni activa una plataforma regional de IA.

El acuerdo ministerial no fue unánime: el texto de la Declaración de Madrid registra que Argentina y Paraguay se disociaron de ella, sin detallar los motivos. Ese registro impide presentar el marco como un compromiso suscrito por todos los países de la región. Cada Estado que quiera participar tendría que formalizar por escrito su adhesión y asumir los compromisos correspondientes.

Datos conectados sin una base regional única

La propuesta se apoya en tres líneas relacionadas: datos e interoperabilidad, modelos de inteligencia artificial adaptados a las lenguas de la región y cooperación para acceder a capacidad de computación. El objetivo es que los países puedan aprovechar recursos y conocimientos compartidos sin ceder el control de sus sistemas nacionales.

El espacio de datos se plantea como una red federada. No sería una base central a la que cada país tuviera que trasladar sus datos en bruto. Cada Estado conservaría la titularidad y el control de sus fuentes y decidiría qué información comparte, con quién y bajo qué condiciones. La colaboración se centraría en mejorar la calidad, documentación, clasificación y reutilización segura de datos públicos, además de facilitar consultas e interoperabilidad.

El documento técnico propone como primer trabajo común inventariar y catalogar conjuntos de datos públicos que puedan servir para aplicaciones de interés general. Ese paso permitiría saber qué información existe, en qué formato está, con qué frecuencia se actualiza, qué restricciones tiene y si puede reutilizarse. También ayudaría a distinguir los datos abiertos de aquellos sujetos a condiciones o protección reforzada. Son tareas descritas en una propuesta: no consta que ya exista un catálogo compartido ni que los países hayan comenzado a intercambiar conjuntos de datos.

Modelos que respondan a las lenguas de la región

La segunda línea busca colaborar en modelos de lenguaje y sistemas de IA capaces de representar mejor el español, el portugués y otras lenguas oficiales. La incorporación de lenguas indígenas se plantea de forma progresiva, según la disponibilidad de recursos, la viabilidad técnica y el respeto a los derechos culturales y lingüísticos de las comunidades.

El plan no exige que cada país desarrolle desde cero un gran modelo fundacional. Propone una base tecnológica común que pueda adaptarse a necesidades nacionales, lingüísticas, sectoriales y de uso. También identifica iniciativas existentes como ALIA, AMALIA, LATAM GPT y SoberanIA, que podrían aportar experiencia, modelos, corpus o prácticas técnicas. Su mención como activos posibles no significa que estén integrados ya en una plataforma regional ni que compartan automáticamente sus datos o servicios.

Entre los posibles usos figuran herramientas para administraciones públicas, educación, salud, investigación y otros servicios de interés social. Para que lleguen a esa fase habrá que escoger proyectos concretos, comprobar qué datos y recursos lingüísticos están disponibles y fijar las condiciones de evaluación, licencia, seguridad y despliegue. El documento sitúa estas decisiones dentro de un trabajo gradual y no anuncia una herramienta lista para la ciudadanía.

Computación compartida con los recursos disponibles

El tercer eje propone cooperar en capacidades de computación de alto rendimiento, necesarias para entrenar, adaptar y desplegar sistemas de IA. La línea anunciada busca ordenar recursos existentes y conectar la oferta con las necesidades de proyectos de investigación, administraciones y empresas. La presentación ministerial señala que no sería necesario crear una nueva infraestructura regional única.

La propuesta técnica contempla fórmulas distribuidas, como compartir horas de cálculo, facilitar accesos remotos, conectar nodos nacionales o regionales y prestar apoyo técnico. También reconoce que no basta con disponer de servidores: la conectividad, la energía, el almacenamiento, la seguridad, el personal especializado y los costes de operación condicionan qué proyectos pueden ejecutarse. El texto no asigna una capacidad concreta a un país ni anuncia un proyecto ya financiado.

El despliegue se describe en tres fases sin fechas. La primera consiste en ordenar capacidades y acordar metodologías. La segunda prevé probar mecanismos de uso compartido y posibles proyectos piloto. La tercera permitiría ampliar servicios si existen compromiso público y financiación suficientes. La secuencia orienta el trabajo futuro, pero aún no constituye un calendario de ejecución.

Qué falta para que el marco entre en funcionamiento

El documento técnico propone un Consejo Intergubernamental para los países que decidan adherirse, con un voto por Estado y decisiones por consenso. También plantea una Secretaría Ejecutiva coordinada por la Secretaría General Iberoamericana. Son elementos de un modelo de gobernanza propuesto, no órganos ya constituidos. La aprobación ministerial tampoco implica adhesión automática: cada Estado tendría que comunicar por escrito su incorporación y asumir los compromisos correspondientes, de acuerdo con sus procedimientos nacionales.

La propuesta describe contribuciones durante tres años, con importes anuales diferenciados según la capacidad económica. Como referencias indicativas para un despliegue mínimo, recoge entre 60.000 y 100.000 euros para países de menor capacidad contributiva, entre 150.000 y 250.000 para los de capacidad media y entre 300.000 y 500.000 para los de mayor capacidad. El propio documento permite revisar esos rangos y contempla aportaciones en especie, siempre que queden cubiertos los gastos básicos de funcionamiento. No son cuotas cerradas para todos los países ni compromisos presupuestarios que puedan atribuirse ya a cada gobierno.

La Declaración de Madrid añade compromisos sobre protección de datos, ciberseguridad, transparencia, no discriminación y respeto a los derechos fundamentales. También pide supervisión humana cuando un sistema de IA participe en decisiones con efectos significativos para las personas. La reunión ministerial validó, además, estándares iberoamericanos de protección de datos e interoperabilidad digital como referencias no vinculantes.

El esquema descrito en la Declaración y el documento técnico ordena el proceso en tres pasos: acuerdo ministerial, adopción por la Cumbre y adhesión voluntaria de los países interesados. La firma ministerial expresa un marco de cooperación, pero no incorpora automáticamente a los Estados ni pone en marcha por sí sola un servicio regional de IA. La puesta en práctica dependerá de la gobernanza, las contribuciones y los proyectos que acuerden los países que se adhieran.