Ayudas de Urda: importes, beneficiarios y pasos para solicitarlas

El Real Decreto-ley 32/2026, publicado el 4 de noviembre, fija ayudas económicas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familiares. La norma está en vigor, pero todavía no se pueden presentar las solicitudes: falta la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible que abrirá el procedimiento. El plazo será de tres meses desde la publicación de esa resolución, no desde el día del accidente ni desde la entrada en vigor del decreto.

El nuevo marco combina una ayuda directa por los daños y un anticipo de la indemnización por responsabilidad civil. Para calcular la cuantía, el decreto utiliza catorce categorías de lesión. En los casos de fallecimiento, establece una ayuda fija por persona fallecida. Estas cantidades se conceden a quienes cumplan los requisitos y se pueden solicitar conjuntamente cuando se active el procedimiento.

Dos vías de ayuda para adelantar el apoyo económico

La ayuda directa compensa los daños sufridos. En caso de fallecimiento, son 72.121,46 euros por persona fallecida. Si la víctima resultó herida, la cuantía depende de la categoría que se le asigne en el baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros y va desde 84.141,70 euros hasta 2.404,04 euros.

A esa cantidad se puede añadir un anticipo por responsabilidad civil del mismo importe. Por tanto, una persona con una lesión de una categoría determinada puede pedir una ayuda directa y un anticipo calculado con esa misma categoría. En caso de fallecimiento, la ayuda directa y el anticipo pueden sumar 144.242,92 euros por persona fallecida. Si hay varias víctimas indirectas con derecho a percibir la cantidad, el importe se distribuye según el orden legal de beneficiarios. No corresponde una cuantía íntegra a cada familiar.

El anticipo sirve para que la víctima no tenga que esperar a que se determine y pague toda la responsabilidad civil. El Estado se subroga en los derechos de cobro hasta la cuantía adelantada. Si la indemnización que se determine después es menor, la persona beneficiaria no tendrá que devolver la diferencia. Si es mayor, recibirá el importe que exceda del anticipo.

Quién puede beneficiarse

La ayuda se dirige a las personas que sufrieron lesiones o fallecieron como consecuencia directa del accidente, siempre que fueran viajeras, maquinistas, personal en formación o personal a bordo de los trenes afectados. Viajar en uno de los trenes, por sí solo, no da derecho a estas cantidades si no se cumplen las condiciones de víctima que establece la norma.

Cuando una persona fallece, pueden solicitar la ayuda sus víctimas indirectas siguiendo un orden de prioridad. La norma contempla al cónyuge no separado legalmente o a la pareja de convivencia estable, los hijos de la persona fallecida y determinados hijos de la pareja, incluidos adultos que dependieran económicamente del fallecido. Si no hay beneficiarios de esos grupos, pueden acceder los padres. A falta de ellos, se contempla a los abuelos y, después, a los hermanos. Cuando varias personas reúnen los requisitos, la cuantía se reparte con las reglas previstas en el decreto.

Las empresas ferroviarias deben remitir al órgano instructor la relación de las personas que viajaban en los trenes en un plazo de quince días desde la entrada en vigor de la norma. Para los casos de fallecimiento, la Administración recabará el certificado de defunción. Para las lesiones, solicitará a la aseguradora que gestiona el Seguro Obligatorio de Viajeros el informe que fija la categoría del daño. Así, la persona afectada no debería asumir que tiene que reunir desde ahora toda la documentación que pueda requerirse: la resolución posterior concretará los pasos y los documentos necesarios.

Cuándo y dónde se podrán presentar las solicitudes

La Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible tiene que publicar una resolución con el procedimiento de solicitud y gestión. El plazo ordinario será de tres meses a partir de esa publicación. La Administración podrá ampliarlo de oficio o a petición de las personas interesadas si existen causas justificadas. Hasta que se publique la resolución, la solicitud de las ayudas directas y de los anticipos no está abierta.

Una vez activado el trámite, las dos modalidades podrán presentarse juntas mediante un único procedimiento. Las vías previstas son la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la atención presencial en las Oficinas de Atención Integral. El decreto dispone que se creen en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en las direcciones insulares de las comunidades autónomas donde residan personas afectadas. También se podrán utilizar los registros oficiales previstos en la Ley 39/2015.

Las oficinas están pensadas para ayudar a completar la solicitud, tramitar las ayudas y prestaciones y aportar los documentos requeridos. Para quienes no puedan desplazarse, también se prevé asistencia en el domicilio mediante el servicio La Administración cerca de ti. Conviene comprobar las direcciones, horarios y forma de cita cuando se publique el procedimiento, porque esos detalles son necesarios para realizar una gestión presencial.

Si la consulta es sobre prestaciones de Seguridad Social, existe un canal de atención preferente separado de la solicitud de estas ayudas: el teléfono 900 10 35 35 y el correo info.accidente@seg-social.es. Estos contactos sirven para orientar sobre prestaciones de Seguridad Social, no para iniciar el expediente económico del real decreto-ley.

Compatibilidad y tributación

La ayuda directa es compatible con otras ayudas y subvenciones para la misma finalidad, con indemnizaciones de seguros de responsabilidad civil, con seguros contratados por las propias víctimas y con las indemnizaciones reconocidas por la normativa ferroviaria. El decreto establece que la ayuda directa no se devuelve y la declara exenta del IRPF.

El anticipo también es compatible con otras subvenciones y con las indemnizaciones previstas en la normativa ferroviaria, los seguros de las víctimas y otros conceptos del sector. Su régimen es distinto porque el Estado recupera, hasta el importe adelantado, los derechos de cobro de la futura indemnización. El artículo 7 declara expresamente exentas del IRPF las ayudas directas del capítulo I. La disposición adicional que regula el anticipo no repite esa cláusula. En su resumen de aprobación, el Ejecutivo presentó el conjunto de ayudas como exento, pero el detalle legal del anticipo no concreta por separado su tratamiento fiscal. La exención de la ayuda directa está clara. Para el anticipo, conviene pedir confirmación tributaria antes de dar por hecho que tiene el mismo régimen.

La norma también prevé que, si la Administración detecta una omisión subsanable o necesita información complementaria, requerirá a la persona interesada para corregirla en un máximo de diez días hábiles. Una vez haya resolución, hay que revisar la notificación y el medio de comunicación elegido para seguir el expediente. La resolución provisional permitirá presentar alegaciones durante el plazo que se indique, y el pago se hará en un único ingreso cuando se conceda la ayuda.