La Orden VAU/1195/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2026, establece las bases de tres líneas de subvención para proyectos vinculados a la construcción industrializada de vivienda. La norma entra en vigor el 11 de noviembre de 2026, pero no abre todavía un plazo para pedir las ayudas. Cada convocatoria posterior tendrá que fijar su presupuesto, las fechas y las condiciones detalladas.

El esquema está dirigido a empresas y proyectos del sector. No crea una ayuda directa para hogares que quieran comprar o alquilar una vivienda. Las cuantías anunciadas son topes por proyecto, sujetos a evaluación, a las reglas europeas de ayudas de Estado y al dinero disponible.

Tres líneas con topes y presupuestos mínimos

La primera línea respalda cambios en la organización y los procesos usados para producir componentes industrializados de vivienda. Puede cubrir la implantación de nuevos modelos productivos, automatización o robotización, soluciones digitales que transformen la planificación y el control, y mejoras de logística, montaje o coordinación industrial. El máximo es de cinco millones de euros por entidad y proyecto, con un presupuesto financiable mínimo de 500.000 euros. Esta línea queda reservada a pequeñas y medianas empresas y microempresas. Las grandes compañías están excluidas.

La segunda línea financia proyectos de investigación y desarrollo que se encuadren íntegramente en una de dos categorías. Para investigación industrial, el máximo por entidad y proyecto es de un millón de euros y el presupuesto financiable no puede bajar de 250.000 euros. Para desarrollo experimental, el límite sube a dos millones, con un presupuesto mínimo de 500.000 euros. La orden no fija en esos topes una cuantía que cada solicitante vaya a recibir. También aquí la convocatoria deberá concretar la intensidad de ayuda y las condiciones europeas aplicables.

La tercera línea se centra en productos innovadores de construcción industrializada. El proyecto debe tener como resultado final una evaluación o validación técnica favorable que permita acreditar las prestaciones del producto y su conformidad con los requisitos técnicos. El límite es de 50.000 euros por entidad y proyecto, y el presupuesto financiable debe alcanzar al menos 35.000 euros. Las bases someten esta línea al régimen europeo de ayudas de minimis, cuyos límites y condiciones deberán identificarse en la convocatoria.

Los mínimos se refieren al presupuesto financiable del proyecto, mientras que los máximos citados corresponden a la ayuda por entidad y proyecto. Por eso, una empresa no debe interpretar que puede solicitar automáticamente el tope. En las tres líneas, la adjudicación será competitiva y dependerá de la valoración de las solicitudes, su orden de prelación y la disponibilidad presupuestaria. Las intensidades de ayuda también pueden limitar la proporción del gasto que finalmente se cubra.

Quién puede optar y qué actividades entran

Con carácter general, pueden ser beneficiarias las sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia, constituidas legalmente en España y con actividad económica vinculada a la construcción industrializada de vivienda. También pueden presentarse agrupaciones que tengan personalidad jurídica propia, siempre que sus integrantes cumplan individualmente los requisitos. Las administraciones públicas y otras entidades del sector público quedan excluidas.

La actividad vinculada debe haberse ejercido durante un mínimo de dos años, contado hasta el final del plazo que fije la convocatoria. Las empresas deberán haber depositado las cuentas anuales de sus dos últimos ejercicios cerrados y aprobados. Cuando la normativa les obligue a auditarse, tendrán que aportar las cuentas auditadas. No se puede suplir la experiencia exigida con la de los socios, los administradores, el personal directivo ni otras empresas del grupo.

La norma comprende, entre otras actividades, la fabricación de componentes para edificios residenciales, la integración o el ensamblaje de sistemas constructivos y el desarrollo tecnológico, la digitalización, la automatización o la robotización de procesos industriales. La actividad deberá estar dada de alta y desarrollarse efectivamente antes de presentar la solicitud. El proyecto tendrá que realizarse en un mismo establecimiento industrial y contribuir de forma efectiva a industrializar la vivienda. La fabricación convencional de materiales, por sí sola, no basta.

Los códigos CNAE que el anexo identifica como especialmente vinculados al sector sirven de referencia, pero no son una lista cerrada de acceso. Una entidad con otra actividad principal podría optar si demuestra que el proyecto guarda una relación directa con la fabricación, integración, ensamblaje o desarrollo de componentes y procesos para edificación residencial industrializada. La convocatoria tendrá que concretar cómo se acredita esa relación.

El ámbito puede incluir más fórmulas residenciales que la vivienda convencional, como alojamientos colectivos o modelos intergeneracionales. La condición es que el proyecto esté ligado a la construcción industrializada residencial y cumpla la finalidad de la línea correspondiente. La orden no convierte cualquier obra de vivienda ni cualquier innovación de una empresa constructora en un proyecto subvencionable.

Qué falta antes de solicitar la ayuda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tendrá que publicar las convocatorias mediante resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. El procedimiento será electrónico y cada convocatoria determinará la documentación técnica, económica y administrativa que habrá que acompañar. Cada entidad podrá presentar un único proyecto por cada línea de ayuda. Las solicitudes se anunciarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y se publicará un extracto en el BOE.

El plazo concreto aparecerá en ese extracto y no podrá superar los dos meses desde el día siguiente a su publicación. Además, las bases permiten convocatorias anuales separadas para cada línea, con calendarios distintos. Por ahora, la publicación de la orden solo deja preparado el marco para esas convocatorias. Las empresas interesadas pueden identificar la línea que encaja con su proyecto y reunir pruebas de actividad, cuentas y costes, pero la orden no contiene un formulario ni fija por sí misma una fecha de solicitud, porque remite esos datos a la convocatoria correspondiente.

Las bases prevén que el pago de una subvención concedida se realice anticipadamente en un único abono, sujeto a los requisitos establecidos. Antes de cobrar, la entidad deberá constituir una garantía por el importe del anticipo y más adelante justificar la ejecución del proyecto. Asimismo, los gastos e inversiones subvencionables empezarán, como regla general, el día siguiente a la presentación de la solicitud. Iniciar gastos antes de ese momento puede dejarlos fuera de la ayuda.

La diferencia práctica es clara: desde el 11 de noviembre de 2026 existe un marco regulador vigente, pero la fecha de solicitud, el presupuesto total, la intensidad subvencionable, la documentación y el calendario dependerán de la convocatoria correspondiente. Solo entonces podrán calcular las empresas si un proyecto concreto cumple los requisitos y preparar una solicitud completa.