Las almazaras productoras de aceite de oliva deberán mantener almacenado el 12 % de su producción declarada durante la campaña 2026/2027. La resolución que fija el porcentaje se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 6 de noviembre y surtió efecto ese mismo día. La retirada se aplica a la producción declarada desde noviembre y el aceite afectado deberá permanecer fuera del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027.

La decisión completa la norma de comercialización aprobada a finales de octubre. Aquella orden estableció cuándo podía activarse la retirada y cómo se calcularía, pero dejó el porcentaje concreto a una resolución posterior. La publicación del 6 de noviembre despeja ese dato y permite conocer desde qué declaraciones mensuales empieza la obligación.

La campaña oleícola comprende del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, pero eso no significa que la retirada afecte a todo lo producido desde octubre. La resolución excluye expresamente la producción declarada correspondiente a octubre de 2026 y a meses anteriores. Para aplicar el 12 %, el punto de partida es noviembre.

A qué producción se aplica el 12 %

La obligación recae en las almazaras productoras de aceite de oliva. El porcentaje se aplica a la producción declarada mensualmente y, para comprobar que se mantiene el volumen exigido, se toma como inicio la producción declarada en noviembre de 2026 y se calcula sobre la producción acumulada a lo largo de la campaña. A medida que se incorporen nuevas declaraciones, la cantidad que debe permanecer almacenada se mide sobre ese acumulado.

Un ejemplo permite entender la proporción sin convertirlo en una cifra para todo el sector. Si una almazara declara 100 toneladas acumuladas desde noviembre, el 12 % de esa base equivale a 12 toneladas que deben mantenerse retiradas. La cantidad real dependerá de las declaraciones de cada operador y del aceite que produzca durante la campaña.

La norma permite que cada titular de almazara elija la categoría de aceite de oliva que destina a la retirada. No establece que todas deban inmovilizar una categoría concreta. El almacenamiento puede realizarse en instalaciones propias o ajenas, siempre de acuerdo con los requisitos aplicables a esas instalaciones y a las declaraciones de producción.

La producción afectada debe figurar como almacenada en las declaraciones mensuales del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas. Además, los operadores deberán poder aportar a la autoridad competente la documentación que acredite cuánto aceite mantienen fuera del mercado y dónde está almacenado. Es una obligación que se puede comprobar durante la campaña, no solo al final del periodo.

Qué activa el mecanismo de retirada

La orden de octubre fija una condición para activar la norma. Las existencias iniciales más la estimación de producción de la campaña deben alcanzar, al menos, el 120 % de la media de esa misma suma durante las seis campañas anteriores. El cálculo compara, por tanto, dos magnitudes combinadas y no depende únicamente de que la previsión de cosecha sea alta.

Ese umbral de activación y el porcentaje de retirada son pasos distintos. Una vez alcanzado el umbral, la orden establece una fórmula para determinar qué parte de la producción debe almacenarse. Esta tiene en cuenta los recursos estimados para 2026/2027, que incluyen las existencias iniciales, la producción prevista y la media de las importaciones de las seis campañas anteriores. La comparación se hace con el 120 % de la media de los dos valores máximos de comercialización de esas seis campañas. El porcentaje resultante no puede superar el 20 % de la producción estimada.

La resolución declara que se alcanzó el umbral y cita las cifras utilizadas para la campaña: 357.040 toneladas de existencias iniciales y una estimación de producción de 1.602.596 toneladas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explica que esos datos cumplen el criterio previsto en la orden. La decisión publicada por el BOE establece el resultado operativo de ese cálculo para las almazaras: un 12 %.

Almacenamiento, declaraciones y controles

Cada almazara puede escoger si almacena el aceite en sus propias instalaciones o en instalaciones ajenas. En ambos casos debe poder demostrar que la cantidad retirada corresponde al porcentaje aplicable a su producción acumulada y que el producto sigue almacenado. La información debe quedar reflejada en las declaraciones mensuales habituales del sistema SIMO.

La resolución prevé un grupo técnico de seguimiento coordinado por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, con participación de las comunidades autónomas que decidan incorporarse. La orden atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas los controles oficiales y prevé que el Ministerio elabore con ellas un plan de control. Las empresas afectadas tendrán que facilitar la documentación requerida y acreditar tanto el volumen almacenado como las instalaciones utilizadas.

La regla establece también una fecha para mantener el aceite fuera del mercado: el 30 de septiembre de 2027. La orden contempla que, a partir del 31 de diciembre de 2026, se revisen las estimaciones de producción y los efectos de la medida sobre la demanda y el precio. Si cambian las condiciones, la cantidad retirada podría reducirse mediante otra resolución publicada en el BOE. Esa revisión no implica una modificación automática del 12 %.

El precio al consumidor queda pendiente de evaluación

La medida regula la cantidad de aceite que debe quedar almacenada y declara como objetivo regular la oferta y estabilizar el funcionamiento del mercado. No fija un precio de venta ni garantiza que el coste para los consumidores vaya a subir o bajar. La propia orden prevé evaluar el efecto sobre la demanda y los precios desde finales de diciembre, cuando haya una revisión de las previsiones de producción.

Para las almazaras, la pauta inmediata es aplicar el porcentaje a la producción declarada desde noviembre, mantener el aceite correspondiente en almacenamiento y registrar los datos mensuales. Para el resto del sector y para quienes compran aceite, la medida señala qué parte de la producción queda inmovilizada, pero no permite anticipar por sí sola el precio en tienda. El efecto dependerá de la evolución del mercado y de la evaluación posterior, no queda asegurado por la publicación de esta resolución.