La Orden TED/1152/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 2 de noviembre, introduce una fórmula específica para calcular la retribución a la operación de determinadas instalaciones de cogeneración con biomasa. La norma entra en vigor el 3 de noviembre, aunque el cambio no alcanza a todas las plantas que utilizan biomasa: el nuevo método se reserva a instalaciones tipo vinculadas a plantas que obtengan el derecho al régimen retributivo específico a partir de esa fecha. El momento en que se concede ese derecho es el criterio que delimita el alcance.
La biomasa que produce electricidad y calor tendrá un cálculo separado
La Orden TED/526/2024 ya establecía actualizaciones trimestrales para las instalaciones tipo cuyos costes dependen del combustible. En su artículo 12 agrupaba las instalaciones de biomasa de los grupos b.6 y b.8 bajo una misma metodología, sin distinguir entre las que producen electricidad y las que también aprovechan el calor generado.
La nueva orden añade un artículo 12 bis para la cogeneración con biomasa. La cogeneración produce electricidad y, a la vez, calor que puede aprovecharse en otro proceso. La norma explica que esa actividad tiene costes e ingresos propios que conviene reflejar por separado. Por eso, el cálculo nuevo incorpora el valor del calor y de la electricidad autoconsumida, además de los ingresos por vender electricidad.
El PNIEC 2023-2030 incluye una medida para impulsar 1.200 megavatios de cogeneración de alta eficiencia. La Orden TED/1152/2026 aporta una metodología para asignar costes e ingresos propios a este tipo de plantas, pero no concede por sí misma el régimen retributivo específico, no asigna una potencia concreta ni garantiza que se construyan nuevas instalaciones.
El derecho concedido desde el 3 de noviembre marca quién entra
El artículo 12 bis se aplica a instalaciones tipo de los grupos b.6 y b.8 asociadas a instalaciones que hayan obtenido el derecho a percibir el régimen retributivo específico después de la entrada en vigor de la orden. Como el texto se publicó el 2 de noviembre y fija su entrada en vigor al día siguiente, el corte comienza el 3 de noviembre de 2026.
El criterio decisivo es la fecha en que se obtiene el derecho, no la fecha de construcción de la planta. Una instalación debe encajar en los grupos de biomasa previstos y contar con ese régimen retributivo. A la vez, el texto no extiende automáticamente la nueva fórmula a quienes ya tenían reconocido el derecho antes del cambio. El artículo 12 mantiene la metodología que corresponde a las instalaciones tipo de biomasa que no entran en el supuesto específico del artículo 12 bis.
La metodología obtiene una retribución por megavatio hora a partir de parámetros de cada instalación tipo. No consiste en sumar sin más la factura real de combustible de una empresa en cada trimestre. La fórmula combina costes estimados, ingresos de mercado, energía que la propia planta aprovecha y otros parámetros definidos para el tipo de instalación.
La fórmula descuenta el valor del autoconsumo y del calor
El cálculo parte del coste estimado de la biomasa para el trimestre, junto con los costes de operación, mantenimiento y otros conceptos. También incorpora el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica asociado a los ingresos de mercado y a la retribución a la inversión. Sobre ese bloque de costes actúan varias deducciones:
| Elemento | Tratamiento en el cálculo |
|---|---|
| Electricidad vendida | Se descuentan los ingresos estimados al precio de mercado. |
| Electricidad autoconsumida | Se resta el coste que la instalación evita al utilizar su propia producción. |
| Calor aprovechado | Se descuenta el coste que se evita al sustituir el combustible que se habría usado para obtener ese calor. |
| Ingresos no eléctricos | También se descuentan los ingresos estimados ajenos a la venta de electricidad. |
La norma aplica además un factor ligado al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica para considerar el gravamen asociado a la propia retribución a la operación. La cuantía resultante se expresa en euros por megavatio hora. Si el cálculo da una cifra negativa, la retribución a la operación se fija en cero.
Este enfoque distingue el caso de la cogeneración de biomasa de una instalación que solo vende electricidad. El calor útil y el consumo eléctrico interno tienen un valor dentro de la fórmula, de modo que no se tratan como si la totalidad de la energía producida se vendiera en el mercado. La Orden establece cómo se estiman esas partidas y utiliza valores propios de cada instalación tipo.
La revisión seguirá siendo trimestral y dependerá de una resolución
La entrada en vigor de la orden y la fecha de aplicación de cada valor trimestral son dos referencias distintas. La nueva norma entra en vigor el 3 de noviembre, mientras que la actualización de la retribución mantiene la periodicidad trimestral y se aplica desde el primer día del trimestre natural para el que se realiza. Los valores concretos los aprueba mediante resolución la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía.
La Orden TED/1152/2026 también cambia el trámite previo a esas resoluciones. La redacción anterior exigía un informe previo del Ministerio de Hacienda. La nueva establece una comunicación previa a ese departamento. La aprobación de los valores sigue correspondiendo a la Secretaría de Estado de Energía.
Además, el artículo 13.2 mantiene la publicación trimestral de los flujos de caja asociados a las instalaciones tipo de biomasa junto con sus valores de retribución a la operación. Para los casos sujetos al nuevo método, esos flujos se calcularán con los parámetros del artículo 12 bis, como ya se hacía con el artículo 12 para los demás casos. El dato sirve en el mecanismo de ajuste relacionado con la retribución a la inversión.
La orden publicada el 2 de noviembre fija el método y sus condiciones, pero no incluye una cantidad nueva para cada instalación. Para conocerla habrá que consultar la resolución trimestral aplicable y comprobar tanto el tipo de instalación como la fecha en que obtuvo el derecho al régimen retributivo específico. El texto tampoco fija una tarifa doméstica ni anuncia una reducción automática de las facturas. Por sí sola, esta norma no permite cuantificar cómo podría repercutir el cambio en el precio final que paga cada hogar.
