El acuerdo alcanzado por el Gobierno de España y la Xunta el 5 de noviembre de 2026 incorpora dos bloques de funciones autonómicas, pero no empezarán a ejercerse a la vez. La nota del Ministerio de Política Territorial sitúa el traspaso relativo a aeródromos y helipuertos no calificados de interés general en el 1 de enero de 2027, y el de determinadas autorizaciones iniciales de trabajo en el 1 de marzo. Hasta esas fechas, el anuncio describe un cambio futuro; no equivale a que la Xunta ya tramite las nuevas competencias.

La Comisión Mixta de Transferencias se reunió en Santiago de Compostela y adoptó los acuerdos el 5 de noviembre. Después comparecieron el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente gallego, Alfonso Rueda. Para entender qué cambia conviene separar los trámites laborales, la residencia de personas extranjeras y la regulación de instalaciones aeronáuticas: son funciones relacionadas, pero el reparto no pasa íntegramente a una sola administración.

Qué trámites laborales pasan a Galicia

Desde el 1 de marzo de 2027, la Xunta asumirá funciones de tramitación y gestión de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena cuando la actividad laboral se desarrolle en Galicia. El acuerdo también incluye autorizaciones de trabajo para actividades de temporada, la gestión colectiva de contrataciones en origen en sus trámites laborales y la verificación de determinados requisitos asociados a autorizaciones por arraigo sociolaboral y socioformativo.

La delimitación importa porque una autorización para trabajar no es lo mismo que una autorización de residencia. El Ministerio indica que la Administración General del Estado mantendrá, entre otras, las competencias sobre la legislación aplicable, las relaciones internacionales, la orientación de ofertas de empleo hacia determinados países y las autorizaciones de residencia y trabajo que no estén incluidas en el acuerdo. Por tanto, el texto no describe un traslado completo de la política migratoria ni de todos los expedientes que combinan residencia y empleo.

La nota tampoco ofrece un catálogo de formularios, una sede electrónica nueva ni instrucciones para presentar solicitudes durante la transición. Quien tenga que iniciar un trámite antes del 1 de marzo no debería deducir de la comparecencia que ya debe dirigirlo a una oficina autonómica. El calendario anunciado fija cuándo se hará efectiva la competencia, pero las fuentes consultadas no publican aquí el procedimiento concreto para cada tipo de autorización.

Un borrador anterior no es la lista final

Una referencia oficial del Consello de la Xunta del 2 de febrero de 2026 permite ver cómo había evolucionado la negociación. Aquel documento explicaba que Galicia acababa de recibir un borrador estatal y enumeraba un alcance más amplio para discutir: junto a autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena, mencionaba autorizaciones iniciales de residencia y trabajo, determinados cambios o prórrogas y supuestos vinculados a personas trabajadoras transfronterizas, actividades de temporada y estancias por estudios o formación.

Ese texto de febrero documentaba una propuesta pendiente, no una transferencia ya aprobada. La nota ministerial del 5 de noviembre es la fuente más reciente para describir el acuerdo adoptado y diferencia expresamente las autorizaciones de trabajo que asumirá Galicia de las materias que conserva el Estado. Los dos documentos no deben leerse como si fueran versiones equivalentes de una misma resolución: uno relata el borrador que la Xunta decía haber recibido; el otro resume los términos acordados nueve meses después. La comparación ayuda a evitar que una lista de negociación se presente como una competencia vigente.

Qué cambia en aeródromos y helipuertos

El segundo bloque tendrá efecto desde el 1 de enero de 2027 y se refiere a aeropuertos y helipuertos no calificados de interés general, además de instalaciones deportivas. La Xunta podrá aprobar proyectos de construcción y modificación, así como planes e instrumentos de ordenación y delimitación de las zonas de servicio. También podrá autorizar la construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo, después de solicitar los informes preceptivos de seguridad aérea previstos en la normativa estatal.

El Estado seguirá ejerciendo las funciones correspondientes a los aeropuertos de interés general y el control del espacio aéreo, el tránsito y el transporte aéreo, el servicio meteorológico aeronáutico y la matriculación de aeronaves. También conservará las competencias de seguridad e inspección aeronáuticas. En consecuencia, el acuerdo no transfiere a Galicia la gestión de todo el sistema aeroportuario ni el control del tráfico aéreo; asigna funciones administrativas sobre instalaciones que quedan fuera de la categoría estatal de interés general.

Europa Press cifró el 5 de noviembre en 40 las infraestructuras incluidas: 36 públicas, con usos como la lucha contra incendios, el transporte sanitario y el salvamento marítimo, y cuatro privadas ligadas a actividades deportivas. La nota general del Ministerio no detalla ese recuento.

Medios y pasos que faltan por concretar

Para el bloque laboral, el Ministerio prevé incorporar cinco puestos vacantes de personal funcionario: dos en A Coruña y uno en cada una de las otras tres provincias, Lugo, Ourense y Pontevedra. Esa distribución acredita los puestos vinculados al traspaso, pero por sí sola no permite calcular cuántos expedientes podrá resolver la Xunta ni si bastará para la demanda futura. El comunicado no da una previsión de solicitudes, tiempos de resolución o necesidades de personal adicionales.

Europa Press informó también de que Rueda anunció una Oficina de Atracción de Talento con 50 puestos y presencia en las siete ciudades gallegas. La nota ministerial no desarrolla esa iniciativa ni explica su relación operativa con los trámites que se transferirán. Para saber qué órgano tramita cada caso y qué documentación se exige, las personas interesadas necesitarán instrucciones posteriores de la administración competente.

La lectura práctica, a 7 de noviembre de 2026, es que hay dos fechas distintas y un reparto que conserva funciones estatales relevantes. La autorización y ordenación de ciertas instalaciones no generales se prevé para enero de 2027; los trámites laborales definidos en el acuerdo, para marzo. Los expedientes de residencia no se trasladan en bloque, y los aeropuertos de interés general, el espacio aéreo y las funciones estatales de seguridad e inspección permanecen fuera de la asunción autonómica descrita. Hasta que lleguen las fechas previstas y se publiquen instrucciones de aplicación, la nota del acuerdo permite conocer el mapa de competencias, pero no sustituye una guía de trámite para cada persona o instalación.