El primer vencimiento del cierre presupuestario estatal de 2026 llega el 16 de noviembre. Desde esa fecha, la Orden HAC/1184/2026 distribuye los trámites en un calendario que alcanza a los expedientes de gasto, los compromisos, las modificaciones de crédito, las nóminas y los pagos de diciembre. La orden se publicó el 9 de noviembre y entra en vigor el día 10.

El calendario organiza procedimientos internos de la Administración General del Estado. Para aplicarlo hay que distinguir qué órgano tramita cada expediente y en qué fase se encuentra. Varias fechas se refieren al envío a fiscalización o intervención previa. Otras fijan la entrada de documentos en las oficinas de contabilidad. No son necesariamente el mismo trámite ni recaen sobre la misma unidad.

A quién afecta la Orden HAC/1184/2026

La norma regula las operaciones de cierre de 2026 relacionadas con la contabilidad del presupuesto de gastos y con operaciones no presupuestarias de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades estatales con presupuesto limitativo incluidas en la referencia legal citada por la orden. Esa ley presupuestaria de 2023 está prorrogada para el ejercicio de 2026.

Por tanto, el calendario no fija de forma general las fechas de cierre de los presupuestos autonómicos o municipales. Tampoco crea por sí solo una fecha para que una empresa emita una factura a la Administración. Los proveedores pueden verse afectados por la tramitación presupuestaria de su expediente, pero el texto regula principalmente los pasos de los órganos gestores, de intervención y de contabilidad. Una factura pendiente requiere comprobar su situación con el organismo que contrató el servicio y las condiciones del contrato.

La orden se firmó el 5 de noviembre, pero su disposición final establece que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Como la publicación fue el 9 de noviembre, la norma comienza a regir el día 10.

Los plazos de noviembre para aprobar gastos y comprometerlos

El 16 de noviembre es la primera fecha relevante. Los servicios gestores deben enviar a fiscalización previa los expedientes de aprobación del gasto. Ese mismo día vence la entrada en la Dirección General de Presupuestos de los expedientes de modificación de crédito que necesiten autorización del Consejo de Ministros o de la persona titular de Hacienda. La excepción indicada para estos últimos afecta a modificaciones derivadas de la declaración de una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil realizada durante el ejercicio.

El 23 de noviembre es el último día para que lleguen a las oficinas de contabilidad los documentos A de autorización de gastos, tanto del ejercicio corriente como de ejercicios posteriores. Este límite se refiere a la entrada del documento contable, no al envío a fiscalización previa del expediente de aprobación.

El 30 de noviembre vence el envío a fiscalización previa de los expedientes para adquirir compromisos de gasto. La misma fecha se aplica cuando un único acto administrativo incluye la aprobación y el compromiso. Después, los documentos D de compromiso de gastos y los documentos AD, que reúnen autorización y compromiso, deben entrar en las oficinas de contabilidad como máximo el 9 de diciembre.

Hay otro plazo de modificaciones de crédito que conviene separar. Las modificaciones autorizadas por titulares de departamentos ministeriales y por presidentes o directores de organismos autónomos y otros organismos públicos deben comunicarse a la Dirección General de Presupuestos antes del 4 de diciembre para su instrumentación. La sección de Deuda Pública queda exceptuada de este punto, al igual que las modificaciones derivadas de una declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Diciembre concentra los trámites de obligaciones y pagos

El 9 de diciembre también es la fecha límite para que las nóminas ordinarias de los haberes activos de ese mes entren en las oficinas de contabilidad. La orden prevé que los haberes activos y pasivos de diciembre se satisfagan conjuntamente a partir del día 18. Las nóminas de pensiones de Clases Pasivas distintas de la mensualidad de diciembre y de la paga extraordinaria pueden entrar antes del 30 de diciembre.

Para los expedientes de reconocimiento de obligaciones, los servicios gestores deben remitirlos a intervención previa como máximo el 16 de diciembre. En cambio, los documentos contables que incluyan esa fase y los documentos restantes tienen como fecha límite de entrada en las oficinas de contabilidad el 30 de diciembre. La diferencia importa: una fecha se refiere a la remisión del expediente para su revisión y la otra a la recepción del documento contable.

Las propuestas de pago a justificar tienen su propio calendario. En el ámbito nacional, deben enviarse a fiscalización e intervención previa antes del 10 de diciembre y entrar en las oficinas de contabilidad el 18. Para las propuestas a justificar en el exterior, las fechas son el 4 y el 15 de diciembre, respectivamente. Estos libramientos solo pueden atender obligaciones del ejercicio, con las excepciones previstas en la Ley General Presupuestaria.

Las oficinas de contabilidad registrarán normalmente operaciones hasta el final de diciembre conforme a los procedimientos de la orden. Las ordenaciones de pagos podrán procesar propuestas hasta el 30 de diciembre, inclusive. Ese mismo día será el último del ejercicio en que se podrán realizar pagos. Los pagos pendientes se reanudarán el primer día hábil de enero de 2027. La regla marca el calendario de pagos presupuestarios, pero no permite concluir que toda factura pendiente vaya a abonarse antes de fin de año.

Las excepciones dependen del tipo de trámite

La orden incorpora excepciones distintas para las fases de aprobación, compromiso y reconocimiento de obligaciones. En los expedientes de aprobación y compromiso figuran, entre otros, los que deriven de normas legales o reglamentarias, los autorizados o aprobados por el Consejo de Ministros, los gastos de personal, las obligaciones de ejercicios anteriores, los de deuda pública y determinados procedimientos de tramitación anticipada. También se recogen supuestos específicos de créditos de Defensa, emergencias y modificaciones aprobadas después del 13 de noviembre.

Para la fase de reconocimiento de obligaciones y las propuestas de pago, la lista tiene un alcance propio. Incluye, entre otros, documentos de deuda pública, algunos gastos de Defensa, determinadas medidas urgentes de apoyo social y económico a Ceuta y actuaciones aprobadas por el Consejo de Ministros que ya encajen en las excepciones anteriores. No conviene trasladar automáticamente una excepción de una fase a otra. La unidad gestora debe comprobar el apartado que corresponde al expediente concreto.

La norma también prevé la anulación a 31 de diciembre de los saldos de autorizaciones y compromisos que queden sin aplicar, con las salvedades de incorporación de créditos previstas legalmente. Si un expediente continúa en 2027, su tramitación necesitará contabilizar las fases que correspondan en el nuevo ejercicio. Las entidades con presupuesto limitativo deberán remitir antes del 29 de enero de 2027 un informe sobre el cumplimiento de los plazos.

Qué revisar antes de remitir un expediente

Las unidades gestoras pueden empezar por tres comprobaciones: identificar la fase presupuestaria del expediente, confirmar si la fecha afecta al envío a intervención o a la entrada en contabilidad, y revisar si concurre una excepción expresa. También conviene dejar margen para las revisiones internas previas al envío, sobre todo en las fechas más próximas del 16 y el 23 de noviembre.

Las empresas proveedoras deben distinguir esos plazos administrativos de las condiciones de facturación y pago de su contrato. La orden no les asigna con carácter general el 16 o el 30 de noviembre como fecha para presentar facturas. Si tienen un abono pendiente, la consulta útil es el estado del expediente y si la obligación ya se ha reconocido, porque esos pasos determinan qué fase administrativa queda por completar.