El Real Decreto 951/2026, que modifica la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, entró en vigor el 7 de noviembre. Sin embargo, la fecha de entrada en vigor no significa que todos sus cambios sobre jornada, guardias y sueldo empiecen hoy. La disposición final fija dos escalones: la nueva regulación de jornada y descansos se aplicará desde el 1 de septiembre de 2027, y las modificaciones retributivas, desde el 1 de enero de 2027. Otras garantías laborales, de prevención y organización sí forman parte del marco vigente desde el día siguiente a su publicación.

La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 6 de noviembre, en el número 277, y modifica el Real Decreto 1146/2006, que regula el contrato de residencia. Esta guía separa lo que ya está en vigor de los cambios diferidos, para que residentes y unidades docentes no confundan la aprobación de la reforma con la aplicación simultánea de todos sus artículos.

Lo que rige desde el 7 de noviembre

Desde la entrada en vigor, el personal residente tiene derecho a conocer cómo se distribuye su jornada antes de empezar a prestar servicios. Si el centro modifica esa distribución, debe comunicarlo con al menos dos meses de antelación respecto de la fecha en que el cambio vaya a surtir efecto. La norma fija ese plazo para los cambios de horario; no declara que todos los calendarios en curso deban rehacerse de inmediato ni concreta un procedimiento administrativo único para solicitar una copia.

También queda delimitada la compatibilidad de actividades durante la residencia. El programa formativo sigue siendo a tiempo completo: no se puede compatibilizar con otra actividad profesional, y tampoco con otras actividades formativas que coincidan con la jornada laboral de residencia. El decreto abre una excepción específica para la producción y creación literaria, artística, científica o técnica, siempre que no constituya una relación laboral o prestación de servicios, no tenga carácter profesional en el sentido legal aplicable, se realice fuera del horario de residencia y no perjudique la dedicación formativa ni interfiera en el trabajo asistencial. Además, la actividad debe comunicarse previamente y por escrito a la dirección del centro. Si existen dudas razonables sobre si reúne esas condiciones, la dirección puede pedir un informe a la comisión de docencia y debe resolver de forma motivada. No es, por tanto, una autorización general para sumar un segundo empleo.

El real decreto incorpora asimismo garantías de prevención. Las unidades docentes acreditadas deberán integrar la prevención de riesgos laborales en la actividad de las personas residentes y realizar una evaluación inicial por puesto. Esa revisión debe abarcar los riesgos a los que están expuestas, incluidos los psicosociales y los derivados de agresiones a profesionales sanitarios. Se actualizará cuando sea necesario y, como mínimo, cada dos años. La evaluación debe considerar también el efecto de la organización de la jornada y de las ampliaciones que puedan autorizarse cuando entre en vigor la nueva regulación de tiempos.

Los centros deberán planificar medidas preventivas a partir de los resultados y revisar su eficacia. Si ocurre una situación que pueda causar daño para la salud, tendrán que investigarla, revisar la evaluación y la planificación preventiva y adoptar las medidas que correspondan. La participación de las personas residentes en estas actuaciones se considera tiempo de formación y debe integrarse en la planificación docente y asistencial.

La reforma prevé una salida cuando el servicio de prevención determine que las condiciones de una unidad, centro o dispositivo acreditado suponen un riesgo para la salud física o mental y no sea posible controlarlo de manera eficaz con medidas preventivas o de adaptación. En esas circunstancias podrá acordarse un traslado temporal o definitivo a otra unidad acreditada de la misma especialidad. El texto garantiza la continuidad de la relación laboral, el mantenimiento de las condiciones retributivas y el reconocimiento de los periodos formativos ya superados; el traslado, por sí solo, no puede prolongar la residencia.

La administración sanitaria también deberá hacer accesibles los mecanismos internos de información sobre infracciones previstos en la Ley 2/2023 e incluir referencias a ellos en los planes de acogida y en la documentación laboral. Y, para determinados casos de quienes obtengan una nueva plaza en la misma convocatoria mediante el procedimiento previsto en el Real Decreto 589/2022, se admite renunciar a la plaza inicial sin que opere la regla general de permanencia citada en la reforma. La excepción depende de que se cumplan los requisitos de ese procedimiento; no equivale a una facultad abierta para abandonar cualquier plaza.

La jornada y las guardias esperan a septiembre de 2027

El cambio más visible para la organización del tiempo de trabajo está en el artículo 5 del Real Decreto 1146/2006, pero su nueva redacción no se aplica hasta el 1 de septiembre de 2027. A partir de entonces, la jornada ordinaria se determinará mediante convenio colectivo o, si no existe, según las normas, pactos o acuerdos aplicables al personal estatutario del servicio de salud y especialidad correspondiente. Como regla, no podrá superar 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral, salvo que un acuerdo, pacto o convenio establezca otro cómputo.

El texto mantiene el descanso mínimo continuo de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. Añade un descanso semanal mínimo de 24 horas ininterrumpidas que, cuando proceda, se suma al descanso diario. Ambos descansos se definen como obligatorios, efectivos, irrenunciables y no recuperables. Si por una necesidad puntual no se disfruta el descanso semanal, la compensación debe darse mediante descansos alternativos dentro de un máximo de 14 días; el centro tendrá que motivar por escrito y con antelación la causa. La excepción de emergencia asistencial tras 24 horas de trabajo ininterrumpido remite al régimen alternativo previsto para estos casos.

Las guardias se vinculan expresamente a la adquisición de competencias del programa formativo y deben estar justificadas en él. Serán adicionales a la jornada ordinaria. Cada guardia podrá durar como máximo 17 horas de trabajo efectivo. Si se encadenan sin haber disfrutado íntegro el descanso entre jornadas, la suma de la jornada ordinaria y la guardia tampoco puede exceder de 17 horas. No cabe colocar una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia si no se ha respetado el descanso mínimo entre jornadas.

El límite ordinario será de 68 horas mensuales de guardia, equivalente con carácter general a cuatro módulos de hasta 17 horas. La norma permite una ampliación excepcional de un módulo, o su equivalente en horas, cuando existan razones justificadas de carácter docente. Requiere propuesta de la comisión de docencia, informes motivados del servicio de prevención y de esa comisión, y consentimiento expreso previo de la persona residente. No puede fundamentarse exclusivamente en necesidades ordinarias de cobertura o en falta estructural de plantilla; tampoco puede quebrar el límite conjunto de jornada ni reducir los descansos.

La disposición incorpora, además, una ampliación voluntaria de hasta dos módulos adicionales, con un máximo de siete al mes o su equivalente en horas. El consentimiento debe ser expreso, se puede retirar en cualquier momento y no puede generar consecuencias desfavorables en la evaluación, el progreso formativo o la relación laboral. Las condiciones y el procedimiento deberán negociarse en los órganos correspondientes. El decreto no convierte ese máximo en una obligación de realizar siete guardias ni en una ampliación automática: distingue el límite general y las posibilidades sujetas a los requisitos y consentimientos previstos.

El máximo conjunto para jornada ordinaria y guardias será de 45 horas semanales de trabajo efectivo de promedio trimestral, salvo que acuerdo, pacto o convenio colectivo establezca otro cómputo. Se incluyen en ese límite los excesos de jornada que se produzcan por cualquier causa. Los centros deberán contar con sistemas de registro horario y los residentes tendrán derecho a acceder a su registro. Los protocolos o instrucciones internas no podrán restringir ni desvirtuar los derechos, límites y garantías que fija el real decreto.

La nueva estructura retributiva empieza en enero

Los cambios del artículo 7 entran en aplicación el 1 de enero de 2027, no el día 7 de noviembre. Para residentes de centros dependientes del Sistema Nacional de Salud, el complemento de grado de formación pasará a devengarse desde el primer año y tendrá porcentajes mínimos sobre el sueldo base: 18 % en primer curso, 28 % en segundo, 38 % en tercero, 48 % en cuarto y 58 % en quinto. Los servicios de salud podrán acordar un porcentaje superior. Entre el primer curso (18 %) y el quinto (58 %), la escala mínima aumenta 40 puntos porcentuales. Para las áreas de capacitación específica, el texto deja la fijación de los porcentajes del complemento de grado y de atención continuada al ámbito negociador correspondiente.

La cifra final de nómina no puede deducirse de esos porcentajes aislados: el decreto remite a las leyes presupuestarias de cada servicio de salud para determinar las retribuciones y a la negociación aplicable en algunos conceptos. También prevé un complemento que garantice, desde el primer día de la situación protegida, el cien por cien de las retribuciones ordinarias fijas y periódicas durante incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia, una vez descontada la prestación económica de la Seguridad Social. Para calcularlo se tendrán en cuenta al menos los seis meses anteriores; si la relación laboral ha durado menos, se usará el promedio del tiempo efectivamente trabajado. Estas reglas retributivas empiezan en enero y no deben presentarse como un aumento ya reflejado en noviembre.

La fecha clave depende, en definitiva, del asunto: derechos de información, compatibilidad condicionada, prevención y protección de la salud desde el 7 de noviembre; estructura salarial desde el 1 de enero de 2027; y nueva regulación de jornada, guardias y descansos desde el 1 de septiembre de 2027. Para una situación concreta, el texto del BOE debe leerse junto con el convenio, los acuerdos del servicio de salud y las condiciones de cada unidad docente. La norma establece garantías generales, pero no fija por sí sola cada cuadrante ni una cantidad idéntica de nómina para todos los residentes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valoró algunos cambios como avances en jornada, guardias y descansos, pero señaló que el decreto no recoge garantías que había reclamado: 24 horas seguidas de descanso después de cada guardia, tiempo protegido para formación y reconocimiento efectivo de los tutores. Esa es la valoración del sindicato sobre sus reivindicaciones pendientes; el texto legal mantiene los descansos mínimos diario y semanal descritos en esta guía.